Seguramente el lector será uno de los tantos que se sienta a leer acompañado de un mate. Puede que quizás haya advertido que el paquete de yerba que consume tiene adherida una estampilla azul o roja que posee la sigla INYM. Si alguna vez se preguntó porqué el paquete traía ese estampillado querrá saber que es una muestra de cómo el Estado y los actores involucrados en la producción, de yerba mate, en este caso, pueden consensuar y adoptar decisiones que permitan que todos los sectores ganen sin perjudicarse, ni acaparar ambiciosamente ganancias extraordinarias perjudicando al resto de la población.
Los argentinos somos los principales consumidores y productores del mundo de esta infusión y esto se debió a una iniciativa del Estado, que allá por las primeras décadas del siglo pasado decidió promover este cultivo y asegurar la presencia en las fronteras de Misiones y Corrientes.
De esa intervención estatal surgió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate que promovió la producción local alcanzándose a cubrir, en pocos años, el consumo total del país que era abastecido por Brasil.
Llegada la década del 90, no hubo sector que se salvara del paso devastador del neoliberalismo y el mercado yerbatero no fue la excepción. Fue en 1991 cuando el entonces presidente Carlos Menem dicta el decreto que consagra la desregulación de la actividad.
Tal como se especulaba con la medida adoptada, el mercado comenzó a imponer condiciones en detrimento de los eslabones más débiles de la cadena productiva. Por un lado estaban las grandes industrias molineras, (Molinos Río de la Plata y Las Marías entre otras), que concentraban el 70 por ciento de las ventas totales. Por el otro, los miles de microproductores que cultivan campos que rondan entre las 5 y 20 hectáreas.
Mientras las grandes empresas crecieron con el proceso de desregulación, y algunas lograron extender la frontera de comercialización de sus productos hasta lejanos países como Siria, a los pequeños productores se les hacía imposible competir dada la desigualdad relación de fuerzas, sufriendo una caída en los precios de la materia prima debido al exceso de porcentaje de palo por kilogramo sin control bromatológico, lo que aumentó el volumen de la yerba, produciendo una saturación del mercado, con la consecuente pérdida de rentabilidad.
Antes de la desregulación, el sector productivo se quedaba con el 30 por ciento del precio que el consumidor pagaba en la góndola. En los 90, la participación se redujo al 9 por ciento. Sin embargo, los menores costos no se tradujeron en un menor precio para los consumidores, ya que la diferencia pasó a engrosar las ganancias de los molinos yerbateros y de los hipermercados que se encuentran en el otro extremo de la cadena.
A mediados del 2001 comenzó una etapa de protestas por parte de los productores yerbateros que culminaron en un acampe en la plaza central de Posadas. Como consecuencia de esta lucha se sanciona la ley 25564 creándose el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con el fin de promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en la actividad.
El nuevo ente regulador está compuesto por representantes nacionales, de las provincias productoras, del sector industrial, de los productores primarios, de las cooperativas agrícolas, como así también de los trabajadores rurales que prestan servicios en el sector yerbatero.
Entre las facultades del INYM, está la de establecer semestralmente el precio de la materia prima. Para el período comprendido entre los meses abril a setiembre de 2008, la resolución 9/08 establece un precio de $ 0.52 por kilo de hoja verde puesta en secadero, y de $ 2 por kilo de yerba canchada (triturada).
Un informe elaborado por la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP) señala que desde la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en 2002, la hoja verde y la canchada lograron una sustancial mejora de su cotización. Al mismo tiempo, el trabajo aclara que el sector industrial cuenta con la menor participación sobre el valor de cada kilo de yerba mate que se comercializa en las góndolas. A partir de los precios que fija semestralmente el INYM, la Cámara de Molineros desarrolló un cuadro comparativo donde se consigna que en junio 2002 el kilo de hoja verde se pagaba -en el mejor de los casos, $0,08 mientras que en marzo de 2.008 el valor oficial ascendió a $0,52, lo que implica un incremento del 550%.Algo similar ocurrió con la canchada, ya que en junio del 2002 su precio por kilo era de $0,35, llegando a marzo del año en curso a los $2,00; es decir, una mejora del 471%.En lo que se refiere a la participación de la industria, la misma creció solo un 5%: en junio del 2002 eran de $0,94 y alcanzó $0,99 en marzo pasado.De esta manera – señala el informe de la CMYMZP- se llega a un precio de la yerba mate a salida de industria que pasó de $1,29 en junio del 2.002 a $ 2,99 en marzo del 2.008; es decir que el incremento fue del 131%.
Si el lector matero ha estado atento durante los más de cien días que lleva el conflicto agropecuario, habrá podido notar que las peticiones de los productores comenzaron por las retenciones y se fueron extendiendo a otros temas tales como la lechería, la carne y el arroz. La yerba nunca fue tema de reclamo alguno dada la coordinación que se dá desde el INYM a toda la cadena productiva. El consenso predomina sobre las ambiciones sectoriales de obtener máximas ganancias.
A partir de un esquema basado en un precio promedio de $ 5,00 para un kilo de yerba mate puesta en góndola, el informe elaborado por la CMYMZP detalla la participación de la cadena productiva y comercial. En ese sentido, se consigna que el sector primario participan con un 40% (productor, cosecha y secanza), el molino con el 17,70% (estacionamiento de un año, costos financieros, seguro, mano de obra, envases, estampillado fiscal, retenciones, administración, transporte a planta y destino, energía, publicidad, logística y gastos generales), la comercialización con el 21,80% (canales mayoristas y minoristas) y el Estado con el 20,50% (IVA, Ingresos Brutos, impuesto al cheque y tasas municipales).
Recrear la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, la Dirección Nacional de Azúcar, o el Fondo Promotor de la actividad Lechera, son decisiones que deben tomarse para que en esas instituciones se vean representados todos los protagonistas de cada actividad, y de esa forma poder volver a contar con proyectos y herramientas que permitan intervenir en apoyo de los pequeños y medianos productores que tanto lo necesitan.
Los argentinos somos los principales consumidores y productores del mundo de esta infusión y esto se debió a una iniciativa del Estado, que allá por las primeras décadas del siglo pasado decidió promover este cultivo y asegurar la presencia en las fronteras de Misiones y Corrientes.
De esa intervención estatal surgió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate que promovió la producción local alcanzándose a cubrir, en pocos años, el consumo total del país que era abastecido por Brasil.
Llegada la década del 90, no hubo sector que se salvara del paso devastador del neoliberalismo y el mercado yerbatero no fue la excepción. Fue en 1991 cuando el entonces presidente Carlos Menem dicta el decreto que consagra la desregulación de la actividad.
Tal como se especulaba con la medida adoptada, el mercado comenzó a imponer condiciones en detrimento de los eslabones más débiles de la cadena productiva. Por un lado estaban las grandes industrias molineras, (Molinos Río de la Plata y Las Marías entre otras), que concentraban el 70 por ciento de las ventas totales. Por el otro, los miles de microproductores que cultivan campos que rondan entre las 5 y 20 hectáreas.
Mientras las grandes empresas crecieron con el proceso de desregulación, y algunas lograron extender la frontera de comercialización de sus productos hasta lejanos países como Siria, a los pequeños productores se les hacía imposible competir dada la desigualdad relación de fuerzas, sufriendo una caída en los precios de la materia prima debido al exceso de porcentaje de palo por kilogramo sin control bromatológico, lo que aumentó el volumen de la yerba, produciendo una saturación del mercado, con la consecuente pérdida de rentabilidad.
Antes de la desregulación, el sector productivo se quedaba con el 30 por ciento del precio que el consumidor pagaba en la góndola. En los 90, la participación se redujo al 9 por ciento. Sin embargo, los menores costos no se tradujeron en un menor precio para los consumidores, ya que la diferencia pasó a engrosar las ganancias de los molinos yerbateros y de los hipermercados que se encuentran en el otro extremo de la cadena.
A mediados del 2001 comenzó una etapa de protestas por parte de los productores yerbateros que culminaron en un acampe en la plaza central de Posadas. Como consecuencia de esta lucha se sanciona la ley 25564 creándose el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con el fin de promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en la actividad.
El nuevo ente regulador está compuesto por representantes nacionales, de las provincias productoras, del sector industrial, de los productores primarios, de las cooperativas agrícolas, como así también de los trabajadores rurales que prestan servicios en el sector yerbatero.
Entre las facultades del INYM, está la de establecer semestralmente el precio de la materia prima. Para el período comprendido entre los meses abril a setiembre de 2008, la resolución 9/08 establece un precio de $ 0.52 por kilo de hoja verde puesta en secadero, y de $ 2 por kilo de yerba canchada (triturada).
Un informe elaborado por la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP) señala que desde la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en 2002, la hoja verde y la canchada lograron una sustancial mejora de su cotización. Al mismo tiempo, el trabajo aclara que el sector industrial cuenta con la menor participación sobre el valor de cada kilo de yerba mate que se comercializa en las góndolas. A partir de los precios que fija semestralmente el INYM, la Cámara de Molineros desarrolló un cuadro comparativo donde se consigna que en junio 2002 el kilo de hoja verde se pagaba -en el mejor de los casos, $0,08 mientras que en marzo de 2.008 el valor oficial ascendió a $0,52, lo que implica un incremento del 550%.Algo similar ocurrió con la canchada, ya que en junio del 2002 su precio por kilo era de $0,35, llegando a marzo del año en curso a los $2,00; es decir, una mejora del 471%.En lo que se refiere a la participación de la industria, la misma creció solo un 5%: en junio del 2002 eran de $0,94 y alcanzó $0,99 en marzo pasado.De esta manera – señala el informe de la CMYMZP- se llega a un precio de la yerba mate a salida de industria que pasó de $1,29 en junio del 2.002 a $ 2,99 en marzo del 2.008; es decir que el incremento fue del 131%.
Si el lector matero ha estado atento durante los más de cien días que lleva el conflicto agropecuario, habrá podido notar que las peticiones de los productores comenzaron por las retenciones y se fueron extendiendo a otros temas tales como la lechería, la carne y el arroz. La yerba nunca fue tema de reclamo alguno dada la coordinación que se dá desde el INYM a toda la cadena productiva. El consenso predomina sobre las ambiciones sectoriales de obtener máximas ganancias.
A partir de un esquema basado en un precio promedio de $ 5,00 para un kilo de yerba mate puesta en góndola, el informe elaborado por la CMYMZP detalla la participación de la cadena productiva y comercial. En ese sentido, se consigna que el sector primario participan con un 40% (productor, cosecha y secanza), el molino con el 17,70% (estacionamiento de un año, costos financieros, seguro, mano de obra, envases, estampillado fiscal, retenciones, administración, transporte a planta y destino, energía, publicidad, logística y gastos generales), la comercialización con el 21,80% (canales mayoristas y minoristas) y el Estado con el 20,50% (IVA, Ingresos Brutos, impuesto al cheque y tasas municipales).
Recrear la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, la Dirección Nacional de Azúcar, o el Fondo Promotor de la actividad Lechera, son decisiones que deben tomarse para que en esas instituciones se vean representados todos los protagonistas de cada actividad, y de esa forma poder volver a contar con proyectos y herramientas que permitan intervenir en apoyo de los pequeños y medianos productores que tanto lo necesitan.
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