El anuncio que realizó esta semana la Presidenta vuelve a poner en el tapete al remanido tema del pago de la deuda. A la ya conocida decisión de abonarle lo que se le debe al Club de París, debe sumarse ahora la reapertura del canje de bonos que, a propuesta de los bancos acreedores, el Gobierno seguramente implementará.
Los tres bancos son el Deutsche, el Citi y el Barclays, que, representando a los bonistas que no entraron en el canje del año 2005, hicieron una propuesta para saldar la deuda con un esquema de refinanciación de los vencimientos que ya se veían amenazadores para los próximos dos años.
En total se trata de una operación de casi 33 mil millones de dólares: 18800 millones de los holdouts (los que no entraron en el canje anterior) y 14 mil millones de préstamos garantizados (unos bonos que Cavallo forzó a comprar a los bancos y a las AFJP en 2001). Algunos datos que han trascendido hacen ver a la oportunidad como buena para el Estado argentino ya que el nuevo canje incluiría una quita del 66 por ciento y el vencimiento se trasladaría al 2033. Es decir, que por cada 1000 dólares que se presenten a canjear, la Argentina pagará 340. Los intereses corridos entre 2003 y 2005, que antes se pagaron en efectivo, también se hará en bonos con la quita del 66 por ciento. Y la comisión de los bancos participantes será pagada por los tenedores de bonos. Esto último no es un dato menor, ya que en 2005 la pagó nuestro país, y se estima que los honorarios rondarán esta vez los 1500 millones de dólares.
El anuncio se encuadra en la estrategia del Gobierno de dar señales a los mercados de capitales de que se cumplirán los compromisos y de esta forma tratar de reinsertar al país y a las empresas argentinas en la posibilidad de obtención de créditos e inversiones.
Las medidas también apuntan por elevación a tratar de parar los juicios que se llevan adelante en Nueva York por parte de los fondos buitres que lograron embargar cuentas del Banco Nación en el exterior, y que pusieron en su momento limitaciones al avión presidencial Tango 01, ya que si aterrizaba en alguna jurisdicción comprometedora, corría el riesgo de quedar embargado e inmovilizado. De abrirse un nuevo canje, tal como venía solicitando el juzgado actuante, los que no ingresen a esta nueva oportunidad, quedarán sin argumentos para seguir litigando contra el país.
Lo que queda por analizar es si es oportuno adoptar la medida en medio de la peor crisis financiera mundial de los últimos tiempos. En un momento global de incertidumbre y con caídas de títulos, pareciera ser un momento de debilidad de los acreedores pero el pago, por sí solo, no resolverá el ingreso de nuevas inversiones. Hasta que no calme la tormenta, nadie invertiría grandes sumas en escenarios poco estables.
La administración de la Presidenta piensa que deben adelantarse y quedar en una posición mejor que otros países para que, cuando vuelva la calma y los inversores comiencen a evaluar adonde llevan sus fondos, el país resulte “un sitio atractivo”.
Puede correrse el riesgo de que con la actual crisis internacional, la política de desendeudamiento tomado como estrategia por parte del Gobierno, se convierta simplemente en un gesto de “buena letra” para el corto plazo. Dejando sin fundamento la teoría de que comenzarán a recibirse inversiones que ayuden a que no decaiga la actividad económica. Los operadores internacionales aún no ven al país como seguro, y ciertamente, la economía mundial puede seguir su curso sin tener en cuenta a la Argentina.
Por lo pronto, el tema vuelve a otorgarle protagonismo a un Congreso que, desde aquellas largas jornadas de debate parlamentario donde el tema central eran las retenciones al agro, pareciera haberse despertado de la siesta provinciana en la que estaba inserto.
Es que la ley de Deuda Pública, llamada también Ley Cerrojo y sancionada en 2005, prohíbe pagarles a los bonistas que no entraron en el canje. Por lo tanto, para que la propuesta avance, debe ser derogada. Y si se deroga, también debe ser el Congreso el que acepte o no el pago a los llamados holdouts.
Un nuevo capítulo se escribe a partir de la historia de la deuda. Una historia de nunca acabar. Pero que deja postergada una vez más, la cancelación de la otra deuda. Aquella que se tiene con los sectores más postergados, como los que siguen trabajando en negro y a los que no les llegan los aumentos en el salario familiar, o aquellos que aún continúan bajo una línea de pobreza que mes a mes excluye a más argentinos.
Á esa otra deuda, aún le falta por escribir su capítulo.
Los tres bancos son el Deutsche, el Citi y el Barclays, que, representando a los bonistas que no entraron en el canje del año 2005, hicieron una propuesta para saldar la deuda con un esquema de refinanciación de los vencimientos que ya se veían amenazadores para los próximos dos años.
En total se trata de una operación de casi 33 mil millones de dólares: 18800 millones de los holdouts (los que no entraron en el canje anterior) y 14 mil millones de préstamos garantizados (unos bonos que Cavallo forzó a comprar a los bancos y a las AFJP en 2001). Algunos datos que han trascendido hacen ver a la oportunidad como buena para el Estado argentino ya que el nuevo canje incluiría una quita del 66 por ciento y el vencimiento se trasladaría al 2033. Es decir, que por cada 1000 dólares que se presenten a canjear, la Argentina pagará 340. Los intereses corridos entre 2003 y 2005, que antes se pagaron en efectivo, también se hará en bonos con la quita del 66 por ciento. Y la comisión de los bancos participantes será pagada por los tenedores de bonos. Esto último no es un dato menor, ya que en 2005 la pagó nuestro país, y se estima que los honorarios rondarán esta vez los 1500 millones de dólares.
El anuncio se encuadra en la estrategia del Gobierno de dar señales a los mercados de capitales de que se cumplirán los compromisos y de esta forma tratar de reinsertar al país y a las empresas argentinas en la posibilidad de obtención de créditos e inversiones.
Las medidas también apuntan por elevación a tratar de parar los juicios que se llevan adelante en Nueva York por parte de los fondos buitres que lograron embargar cuentas del Banco Nación en el exterior, y que pusieron en su momento limitaciones al avión presidencial Tango 01, ya que si aterrizaba en alguna jurisdicción comprometedora, corría el riesgo de quedar embargado e inmovilizado. De abrirse un nuevo canje, tal como venía solicitando el juzgado actuante, los que no ingresen a esta nueva oportunidad, quedarán sin argumentos para seguir litigando contra el país.
Lo que queda por analizar es si es oportuno adoptar la medida en medio de la peor crisis financiera mundial de los últimos tiempos. En un momento global de incertidumbre y con caídas de títulos, pareciera ser un momento de debilidad de los acreedores pero el pago, por sí solo, no resolverá el ingreso de nuevas inversiones. Hasta que no calme la tormenta, nadie invertiría grandes sumas en escenarios poco estables.
La administración de la Presidenta piensa que deben adelantarse y quedar en una posición mejor que otros países para que, cuando vuelva la calma y los inversores comiencen a evaluar adonde llevan sus fondos, el país resulte “un sitio atractivo”.
Puede correrse el riesgo de que con la actual crisis internacional, la política de desendeudamiento tomado como estrategia por parte del Gobierno, se convierta simplemente en un gesto de “buena letra” para el corto plazo. Dejando sin fundamento la teoría de que comenzarán a recibirse inversiones que ayuden a que no decaiga la actividad económica. Los operadores internacionales aún no ven al país como seguro, y ciertamente, la economía mundial puede seguir su curso sin tener en cuenta a la Argentina.
Por lo pronto, el tema vuelve a otorgarle protagonismo a un Congreso que, desde aquellas largas jornadas de debate parlamentario donde el tema central eran las retenciones al agro, pareciera haberse despertado de la siesta provinciana en la que estaba inserto.
Es que la ley de Deuda Pública, llamada también Ley Cerrojo y sancionada en 2005, prohíbe pagarles a los bonistas que no entraron en el canje. Por lo tanto, para que la propuesta avance, debe ser derogada. Y si se deroga, también debe ser el Congreso el que acepte o no el pago a los llamados holdouts.
Un nuevo capítulo se escribe a partir de la historia de la deuda. Una historia de nunca acabar. Pero que deja postergada una vez más, la cancelación de la otra deuda. Aquella que se tiene con los sectores más postergados, como los que siguen trabajando en negro y a los que no les llegan los aumentos en el salario familiar, o aquellos que aún continúan bajo una línea de pobreza que mes a mes excluye a más argentinos.
Á esa otra deuda, aún le falta por escribir su capítulo.
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